LA TUTELA POR PARTE DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA AL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MEXICO
*MTRO. JOSE DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ


INTRODUCCIÓN

 

El Tema del desarrollo sustentable, es un término muy utilizado en los últimos años, con lo cual se evidencia la preocupación que existe de cuidar nuestro entorno, al momento de producir, es decir dentro de un nuevo marco desarrollo, donde todos los pueblos tengan la posibilidad de crecer, pero sin degradar, ni atentar en contra del medio ambiente.

Así mismo se habla del dinamismo en que se encuentra inmerso el Derecho Agrario, donde la doctrina internacional maneja lo que se denomina sus nuevas dimensiones, en las cuales se menciona el desarrollo sostenible como parte ya del mismo, donde lo agrario se encuentra en expansión, ya no limitado únicamente al aspecto de tenencia de la tierra y producción, sino que también se incluye el aspecto de la conservación y protección.

Ante ello me surgió la inquietud de compartir esta preocupación y preparar un humilde trabajo, donde se analice en un primer término esa interdependencia que existe entre lo ambiental y lo agrario, tratando de justificar la conexidad que une ha ambas áreas, por lo que se tocaran los diversos aspectos que dan fe de tal situación.

En nuestro país la tutela al medio ambiente ha sido muy deficiente, por ser este un sentir generalizado de la sociedad, al ver la como el suelo, el agua y el aire se contaminan, la poca protección a la flora y fauna. Pero sobre todo a la ineficacia de las autoridades administrativas encargadas de velar por su conservación. Por tal motivo esta fue la principal causa que nos motivo para elaborar una propuesta alternativa, que posibilite en México la verdadera protección al medio ambiente, pues vemos con gran tristeza y desilusión que existen un conjunto de buenos deseos, pero que solo queda en ello, porque en la practica se siguen dando crímenes ecológicos de dimensiones incuantificables.

Por lo anterior se analiza en este trabajo la posibilidad de ampliar la competencia de los Tribunales Agrarios, para que conozcan de problemas que tengan que ver con la prevención, protección y conservación del ambiente. Dentro del marco de los Derechos Humanos de Tercera Generación, en el cual se tiene incluido al desarrollo sustentable como parte de los mismos.

CONEXIDAD DE LA ECOLOGÍA CON LA MATERIA AGRARIA

En el marco del tema “ecología y desarrollo rural” abordaré la importante cuestión relativa a la conexidad de la ecología con la materia agraria.

Haré alusión únicamente a algunas de las cuestiones que integran el tema, varias de las cuales tienen correspondencia con la conexidad de la materia agraria. Las peculiaridades de esta intervención y el tiempo disponible, para tal fin, me impiden hacer un examen completo de las materias citadas.

En los primeros años del milenio que inicia, dos grandes prioridades demandan la atención de todas las naciones de la tierra por su incidencia en el destino futuro de la humanidad; el deterioro ecológico en el mundo y la crisis alimentaria que extiende la hambruna a sectores cada vez mayores de una población en crecimiento permanente.

La presencia apremiante de estos factores en la actual problemática de la sociedad establecen el primer contacto, la inicial conexidad entre el agro y la ecología.

Indican al mismo tiempo la necesidad de analizar nuestro marco jurídico relativo.

México posee una gran riqueza biológica en sus bosques tropicales y templados.

Los científicos lo han clasificado como el cuarto país del mundo en importancia por su biodiversidad y por la cantidad de especies endémicas con que cuenta este país.

Los bosques y las selvas representan el 80% de propiedad comunal o ejidal, el 15% propiedad privada y el 5% propiedad federal.

Cuenta aproximadamente con 29,983 ejidos y comunidades; de éstos, 7 mil con forestales, y de los 7 mil, 4mil cuentan con recursos forestales no explotados y 2,100 con permiso de aprovechamiento forestal, y de ellos solo 10 tienen una industrialización mayor. Como se puede ver, existe un gran potencial forestal representado por los ejidos y comunidades que aún no se incorporan a la producción.

Las áreas naturales protegidas son 6’161,558 hectáreas, (el 4 %), 73 áreas protegidas, 44 parques nacionales y 10 reservas de la biosfera.

La organización es el problema más grave que presenta el sector social forestal, con pocas sus posibilidades de integración económica y desarrollo. El 68% de los ejidos y comunidades tienen dificultades de organización interna y significativa degradación de sus recursos forestales, el 28% tiene algún grado de organización, pero enfrenta serias dificultades que impiden incrementar el ritmo de crecimiento del recurso forestal, mientras que sólo el 4% ha podido consolidar su organización, aprovechar sus recursos y fomentarlos.

¿Qué ha pasado que no han podido aprovechar sus riquezas?

Que han tenido una organización inadecuada de la producción; estamos dilapidando nuestros recursos.

Es aquí donde la acción conjunta de la Federación, los Estados, Municipios y todos los ejidos, deben coincidir en una modernización de sistemas de explotación.

II. LA CONEXIDAD DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO

A) Fundamento Constitucional

En la legislación mexicana la materia agraria y la preservación ecológica han guardado estrecha relación y enlace directo.

En efecto, ambas materias tienen su base constitucional en el Artículo 27, en cuyos principios se sientan las bases rectoras de la reforma agraria mexicana y constituyen en sustento de todas sus leyes reglamentarias.

Asimismo, la Legislación Ecológica, tiene su basamento constitucional en el párrafo tercero del precepto de Ley Suprema de referencia, donde se señala que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicten el interés público, y que, “en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destino de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la función, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población: para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;...” Por su parte el artículo 73 de la propia Constitución, faculta al Congreso de la Unión en su fracción XXIX, inciso G: “para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno federal, de los Gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”.

B) Legislación Aplicable.

Por otra parte, en diversas leyes reglamentarias de la reforma mexicana encontraremos la presencia de normas directas o indirectamente ligadas con la preservación del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. Así, en el Código Agrario expedido el 31 de diciembre de 1942, en el artículo 207, se ordena que para preservar, los campesinos y productores agropecuarios acatarán todas las medidas y disposiciones que dicte la Secretaría de Agricultura y Fomento.

La Ley de Conservación de Suelos y Aguas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 1946, declara de la utilidad pública: fomentar, proteger y reglamentar la conservación de los recursos de suelos y aguas, básicos para la agricultura nacional; y desarrollar la investigación, difusión divulgación y una acción educativa permanente acerca de los principios y prácticas de conservación que comprenda desde la educación de los niños, jóvenes, campesinos y población en general. Asimismo, la Ley Federal de Caza del 3 de diciembre de 1951, declara de utilidad pública la conservación de toda clase de animales silvestres útiles al hombre.

Casi todos los países del mundo en los años 70, empiezan a preocuparse del problema ecológico.

El hombre toma conciencia y México en materia legislativa avanza y es así como en la Ley Federal de Reforma Agraria expedida a los 22 días del mes de marzo de 1971, observaremos que su artículo 154, dispone que: 2los ejidos y comunidades estarán obligados a la conservación cuidado de los bosques conforme a las disposiciones que dicte la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a los preceptos legales relativos; en todo caso habrán de contribuir a los programas de reforestación, creación y cuidado de viveros de árboles frutales y maderables, y , en general al fomento de la riqueza forestal nacional. Asimismo, deberán cumplir estrictamente con las disposiciones, programas y técnicas que sobre conservación de suelos y aguas dicten las autoridades correspondiente y todas aquellas referentes a sanidad animal o vegetal, las que serán informadas a las autoridades ejidales para que la asamblea general colabore estableciendo sanciones a los infractores”.

Desde esa época el Cuerpo Consultivo Agrario dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria, dotaba de volúmenes de aguas de manera accesoria en superficies concedidas por dotaciones agrarias.

La Ley Federal de Aguas, publicada den el Diario Oficial de la Federación en 11 de enero de 1972, en su artículo 2º establece que se declara de utilidad pública:

“IX. La protección, mejoramiento y conservación de cuencas, cauces, vasos y acuíferos”.

“XXXI. La prevención y el control de la contaminación de las aguas, cualquiera que sea su régimen legal, en los términos de la Ley para prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, y demás disposiciones aplicables”.

La Ley Forestal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 1996, , en su artículo 3º declara de utilidad pública: “la conservación, protección, preservación, mejoramiento y restauración de los ecosistemas forestales”

Por otra parte al establecer los lineamientos de la política nacional en materia forestal, señala como una obligación básica de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, apoyar el desarrollo rural integral, coadyuvar a la productividad alimentaria e impulsar la de otros sectores vinculados a la actividad forestal.

En la vigente Ley Agraria promulgada el 23 de febrero de 1992, nos encontramos que el artículo 2º, en su párrafo segundo, establece que: “el ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con al aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente y demás leyes aplicables”.

La Ley General de Asentamientos Humanos, promulgada el 20 de mayo de 1976, establece que sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto establecer la competencia Federal, en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. La conservación y mejoramiento de los centros de población implica mantener el equilibrio ecológico, según lo postulan los Artículos 31 y 33 del ordenamiento legal en referencia.

En la Ley Federal de Mar promulgada el 20 de diciembre de 1985, el Artículo 21 señala que en el ejercicio de los poderes, derechos, jurisdicción y competencia de la nación dentro de las zonas marítimas mexicanas, se observará y aplicará la Ley General de Equilibrio Ecológico al Ambiente, la Ley General de Salud, la Ley Federal de Aguas y sus reglamentos, para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, promulgada el 23 de diciembre de 1978, reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que sus normas son de orden público e interés social y que tienen por objeto la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente en el Territorio Nacional y en todas las zonas en las que ejerce su soberanía y jurisdicción. Define los principios de la política ecológica en general y reglamenta los instrumentos adecuados para su aplicación.

En su Artículo 2º señala que el ordenamiento ecológico será tomado en consideración en la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales, en cuyo ámbito se tendrá presente la realización de obras públicas; las autorizaciones para el uso del suelo en el ámbito regional para actividades agropecuarias, forestales y primarias en general, que puedan motivar desequilibrios ecológicos.

La Ley considera como áreas naturales, las reservas de la biosfera, así como las especiales, los parques nacionales, monumentos naturales, parques marinos, áreas de protección de recursos naturales, así como la flora y la fauna, parques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica.

Las declaratorias para el establecimiento, conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las áreas naturales contendrán la delimitación precisa del área, las modalidades a que se sujeta, la causa de utilidad pública y las acciones y actividades que puedan desarrollarse en ellas.

Las áreas naturales protegidas podrán comprender todos los predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, ya sea nacional, ejidal, comunal o privada. Su aprovechamiento se sujetará a las modalidades que impongan la ley y la declaratoria correspondiente.

Para la explotación, explotación o aprovechamiento de los recursos de las áreas naturales protegidas, las autoridades podrán expedir los premisos, autorizaciones, licencias o concesiones que procedan. En todos los casos las Secretarías de Agricultura y de la Reforma Agraria, presentarán a ejidatarios y comuneros la asesoría técnica necesaria para llevar a cabo los aprovechamientos en zonas sujetas al régimen ejidal o comunal.

Las medidas que el Ejecutivo Federal podrá imponer, para la preservación de las pareas naturales protegidas, serán las que según las materias respectivas, establecen la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley Forestal, la Ley Federal de Aguas, la Ley Federal del Mar, la Ley Federal de Caza, la Ley Orgánica de la Administración Pública y , todas aquéllas que resulten aplicables en materia de protección ecológica, según lo apunta la Ley Genera del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Indicada, en su Artículo 69.

Así mismo cabe mencionar la expedición de una nueva Ley Reglamentaria de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2001, la cual se denominada Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la cual sus disposiciones son de orden publico y esta dirigida a promover el desarrollo rural sustentable del país y propiciar un medio ambiente adecuado e incluye esta ley, como sujetos de la misma a los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural.

Como se desprende del objetivo de la anterior ley, es el de proteger la sustentabilidad en el agro, pero a tres años de la creación no han existido avance alguno, pues las autoridades administrativas encargadas de velar su cumplimiento, no le han dado seguimiento a los dictados de las mismas, por lo que se queda únicamente como un conjunto de buenos deseos. Pero cabe resaltar de esta ley que tiene como sujetos de la mismas a los ejidos y comunidades que indudablemente los regula el derecho agrario de ahí la relación de esta normatividad tiene con el derecho agrario.

A mi juicio, la reseña panorámica que hemos hecho es de las más importantes leyes en materia agraria y ecológica, dentro del sistema jurídico mexicano, resalta los puntos de conexidad que existen no solo entre los problemas y materias que derivan de aquellos actos de particulares o políticas que pudieran alterar los ciclos normales de la naturaleza, en las materias ya descritas.

Desde luego, dichas normatividades se relacionan y enlazan en forma directa y estrecha, y hasta podríamos decir que las leyes agrarias siempre han destacado la importancia que tiene la preservación de los recursos naturales en los que sustentan la vida económica del país, y de ahí también la convivencia de proteger el equilibrio ecológico, como condición de su propia subsistencia.

Para los campesinos y los productores agropecuarios, que fundan su sostenimiento, subsistencia y desarrollo, en el aprovechamiento y utilización de los recursos naturales particularmente la tierra, el agua, los bosques y la fauna y flora, una política de protección, fomento y conservación de dichos recursos, reviste la más alta importancia para su vida futura.

Nos encontramos con una nueva realidad del Derecho agrario, es decir ya no únicamente se pretende tutelar la producción, si no que es de fundamental importancia la conservación, protegiendo la flora y fauna, e incluyendo en ello la especie humana, pues de las condiciones actuales de depredación del equilibrio ecológico, se esta poniendo en riesgo la supervivencia de todo ser vivo en el planeta.

Por ello viene a colación lo que el Doctrinista Costarricense Ricardo Zeledón Zeledón, señala en su Libro, Sistemática del Derecho Agrario, editado en nuestro país, sobre las nuevas dimensiones del Derecho Agrario, y no duda en incluir en esta rama, lo relativo al desarrollo sostenible, como una nueva filosofía cuyo fin es el lograr el bienestar de la humanidad, donde se ubique en el centro al ser humano y para lograr el desarrollo debe conservarse y protegerse al ambiente. Definido en forma solidaria el papel del hombre en la tierra se deberá procurar su prosperidad.

Sin duda ya no existe resistencia sobre la relación que existe en estos momentos de agrario y lo ambiental, pues la realidad nos invita que en lo futuro deben de ir muy de la mano, si realmente pretendemos al tutela plena, de lo que la ciencia jurídica denomina derechos humanos de tercera generación.

LA AMPLIACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS


Con motivo de la gran distribución de tierras que llevó a cabo la reforma agraria en México, se formaron miles de ejidos y unidades de producción agrícola. Esta transformación en el campo, producto de la Revolución que en 1910 sacudió los cimientos de la estructura social, política y económica de nuestro país, generó significativos problemas no sólo en el como consecuencia del intercambio comercial y de servicios agrícolas, los cuales, en su mayoría, deben ser sustanciados ante la legislación ordinaria. El costo que conlleva para quienes, en su calidad de justiciables, se ven en la imperiosa necesidad de dirimir sus conflictos, es, la más de las veces, de acuerdo a su capacidad económica, sumamente alto, por lo cual no pueden hacer frente a tales contingencias. Por otra parte, los problemas ocasionados como consecuencia de la aplicación de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente, cuando repercuten en el campo, con sustanciados a través de la vía administrativa, es decir a través del recurso a la que alude la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Lo idóneo, a fin de concretizar una verdadera justicia agraria especializada, estriba en otorgar competencia a los Tribunales Agrarios para conocer de la contaminación de tierras y aguas, así como de los conflictos que surjan por la aplicación de la Ley de Aguas, y aquella otra de naturaleza Forestal, en los ejidos, comunidades y pequeña propiedad.

El ámbito de actuación del derecho agrario es una gran envergadura, no se debe limitar a los problemas que surgen con motivo de la tenencia de la tierra, pues debe ampliarse al cultivo y la comercialización de los productos agrícolas, tanto en el espacio nacional como en el internacional, además de que su contenido está estrechamente vinculado con aquella otra rama del Derecho encargada de la regulación de los problemas ambientales, por lo que es necesaria la cooperación íntima entre el Derecho Agrario y el Derecho ambiental, a fin de permitir la creación de institutos y métodos de estudio, que coadyuven a la solución de los ingentes problemas ambientales que se presentan en el campo mexicano, y que a su vez, requieren ser parte de la competencia de los Tribunales Agrarios.

El hombre, como parte de un conglomerado social, y de acuerdo a sus más elementales derechos al desarrollo y a un medio ambiente sano y equilibrado, requiere, en el plano agrario, formar o Positivizar los valores fundamentales de esta ciencia jurídica. Tales valores se constituye como parte de sus derechos humanos, y cuya protección requiere estar contemplada en la Constitución. Así, la evolución de los aspectos materiales de esta importante disciplina requiere de una labor de investigación sobre las figuras e institutos que puedan llegar a ser parte de su contenido. Esto debe ir a la par del desarrollo del ámbito procesal, a fin de que se permita la tutela jurisdiccional efectiva de quienes están inmersos en la problemática del ámbito agrario. La consecuencia será una notable ampliación de la competencia de los Tribunales Agrarios, y, por ende, de la posibilidad de hacer efectiva, a través de ellos, el sentir pleno de la justicia social.

El Derecho Agrario no es una disciplina estática, requiere, en tiempos de globalización, ajustarse a las necesidades del campo mexicano y a la problemática internacional. Su actitud, por tanto, debe ser dinámica y futura, en la que se prescinda de los esquemas jurídicos obsoletos. Ya en un trabajo anterior señalé que “libertad y justicia social son los valores jurídicos prioritarios de la nueva legislación agraria”; empero, el ejercicio de la primera impone la prudente ponderación de medios, metas y objetivos; el equilibrado intercambio de intereses, la justa correlación de intereses y obligaciones, el uso y no el abuso del derecho; la equitativa distribución de cargas y expectativas; y, fundamentalmente, la igualdad real ante la ley, que sólo se logra mediante la creación de instituciones que coadyuven y suplementen la voluntad que quienes por su marginación económica, cultural y social, son víctimas fáciles del lucro y la especulación.

Aun cuando la materia ecológica se mueve en el ámbito del Derecho Ambiental, tiene una significativa participación en la problemática agraria. El campo mexicano enfrenta serios problemas de contenido ecológico, por lo cual los Tribunales Agrarios deben participar en la solución de los fenómenos que la modernidad y sus consecuencias plantean para quienes se desenvuelven en este sector de la sociedad. Máxime cuando dichos conflictos trascienden el ámbito nacional e incursionan por el resto de la geografía del orbe. Así, “el Derecho Agrario en cuanto disciplina que estudia y reglamenta los fenómenos de la agricultura, no puede quedarse estático e inmutable, cerrado a la penetración de las normas de los diferentes sistemas jurídicos. El momento histórico actual, caracterizado por profundas e incisivas transformaciones en el tejido económico-social, postula mas bien un dinamismo el derecho y frecuentes fenómenos de ósmosis de las normas jurídicas, en una dimensión de interdisciplinariedad y evolución de los sistemas, a la cual el Derecho Agrario no puede sustraerse, arriesgando el auto-agotamiento lento y progresivo de sus normas”.

Los bosques, tierras y aguas, como consecuencia del desarrollo industrial, petróleo, minero y agrícola, se ven seriamente afectados por el proceso de contaminación que caracteriza a nuestra época. Para los grupos minoritarios: ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, resulta difícil solucionar este tipo de conflictos que afectan su medio ambiente, máxime cuando no cuentan con los mecanismos legales que les permitan de manera eficaz, ágil y económica, hacerles frente. La vía de solución es, la mayoría de las veces, de naturaleza administrativa, por lo cual se requiere agotar los medios de defensa que ella preconiza; tal en el caso de los recursos administrativos contemplados en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. O bien de la vía jurisdiccional, accediendo a la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fundamento en la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica, el cual faculta a este órgano de justicia para conocer de “las (resoluciones) dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Aun cuando a través de tales procedimientos, se cuenta con medios para solucionar las controversias que se planteen, y en las cuales participan autoridades administrativas, implica soslayar la justicia agraria, “pues si bien es cierto –argumenta VELOZ BAÑUELOS- magistrado del Tribunal Superior Agrario en México, que la justicia administrativa tiene mucha semejanza con la justicia agraria por su simplicidad, un análisis detallado nos demuestra que ésta no se encuentra a la altura de las necesidades de los hombres de campo, que esperan obtener seguridad jurídica respecto de sus bienes y derechos, en forma más eficiente por parte del Estado”. La especialización de la función jurisdiccional es un paso necesario para la consolidación del Derecho Agrario. Al garantizar la fuerza de este tipo de tribunales se genera la formación de una normativa amplísima en la materia, y se motiva el establecimiento de una teoría general sobre esta importante disciplina. Este tipo de tribunales constituyen no sólo una respuesta democrática a las exigencias de los tiempos actuales, sino constituyen la institucionalización de la justicia agraria.

La impartición de la justicia agraria, como se apuntó líneas atrás, ha quedado reservada a órganos autónomos y dotados de plana jurisdicción, formando parte, por su función, en el orden político, del Poder Judicial de la Federación, aún cuando no se encuentren comprendidos dentro de la estructura orgánica tradicional a la que alude el artículo 94 de la Constitución. Mucho se ha dicho sobre la ilegitimidad constitucional de este tipo de tribunales, en cuanto se dice irrumpen contra el principio de división de poderes, debiendo, por ser órganos jurisdiccionales, estar dentro de la órbita del poder judicial. Esto no deja de ser un razonamiento mal planteado y equivocado, puesto que al ejercer actividades jurisdiccionales se encuentra fuertemente enraizados en el campo de actuación de dicho poder.

En cada país, el sistema procesal agrario varía en cuanto a la definición de la naturaleza de los órganos, el grado de amplitud de la competencia, e incluso en cuanto a los principios procesales que en ellos se siguen.

Es importante que los Tribunales Agrarios en nuestro País, dentro de sus funciones jurisdiccionales, tengan competencia para conocer de todos aquellos conflictos que se ocasionen, con motivo de la afectación de tierras y aguas que conforman el sector agrario; así, como por los daños ecológicos derivados del desarrollo industrial y la explotación petrolera y minera, a los núcleos de propiedad ejidal, comunal o de la pequeña propiedad. No hacerlo atentaría con el desarrollo de un Derecho Agrario Especializado.

Con motivo de la reforma a la que estuvo expuesta la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios en 1993, se realizó una ampliación de la competencia de tales órganos jurisdiccionales, al permitir que conocieran de las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento, pactados ya sea por el núcleo de población ejidal, o individualmente por cada ejidatario titular. La medida fue una gran logro, no sólo permitió ampliar su ámbito de actuación, sino se constituyó como una garantía más de los justiciables. Empero, el legislador se quedó corto en la apreciación de los supuestos que se podrían ventilar con motivo de la celebración de contratos agrarios. Los actores, entre los qe debieran figurar también los pequeños propietarios agrícolas, celebran día a día una serie de operaciones contractuales, como en el caso son los créditos de avío o refaccionario, los contratos de arrendamiento rural, de aparcería agrícola y de ganados, por lo cual sería sumamente importante que se consolidara una competencia más amplia en este sentido, satisfaciendo, así los postulados de la justicia agraria.

Los Tribunales Agrarios, como órganos de justicia social, combaten la desigualdad de la mayor parte de los productores del campo quienes son actores en el campo mexicano: ejidatarios y comuneros. Sin embargo, su ámbito de actuación no debe estar limitado. Debe ser un medio de defensa para todos aquellos que de alguna u otra manera son parte del medio rural. Así, no sólo quienes formen parte de un ejido o de una comunidad tendrán la calidad de justiciables ante los Tribunales Agrarios, sino todos aquellos que desde la propiedad social o privada enfrenten problemas derivados de su intervención en el proceso de producción agrícola. Esto fomentaría la creación de una verdadera ciencia del Derecho Agrario, y salvaguardaría el Estado de Derecho. Mantener a este tipo de Tribunales en la senda de la justicia social, es imperativo del Estado democrático social de Derecho que se renueva día con día, como proyecto de paz, progreso y justicia social del siglo XXI.

CONCLUSIONES

Después de haber realizado el presente trabajo, el cual comparto en este Congreso Argentino de Derecho Agrario, en el cual se toca este tópico tan importante para nuestros pueblos, como lo es el desarrollo sustentable, su relación con el derecho agrario y la propuesta de una tutela jurisdiccional al mismo, lo concluyo de la siguiente manera:

PRIMERA: Existe una estrecha vinculación entre las cuestiones agrarias y ambientales por lo que es indispensable que se estudien de manera conjunta y conexa, para así poder dar una respuesta adecuada a todos los atentados de lesa humanidad que está sufriendo nuestros ecosistemas.

SEGUNDA: Asimismo del estudio exhaustivo que se realizó en las tesis aquí planteadas, se desprende que nos encontramos ante un sin número de cuerpos normativos que tratan los aspectos agrarios y ambientales, pero que en la practica son a todas luces ineficaces, pues en la actualidad los problemas agroambientales se han agudizado de una manera significativa y esto se debe también en gran medida a la falta de voluntad y eficacia de las autoridades administrativas destinadas a cumplir tal función, las cuales solo actúan cuando el daño ya es caudado y en consecuencias irreparables.

TERCERA: Es necesario realizar una unificación normativa de todos los aspectos que tengan que ver con los insumos, producción, industrialización, ambiente, la seguridad biogenética, la seguridad y la soberanía alimentaría.

CUARTA: De igual manera es indispensable ampliar la competencia de los Tribunales Agrarios en nuestro país para que conozcan todas aquellas controversias que tengan que ver cuando se atente contra la naturaleza, pero sobre todo se les otorgue facultades de índole precautorias.

PROPUESTAS.

Es indispensable que se faculte a autoridades jurisdiccionales, para que conozcan de los problemas que en nuestros días sufre este derecho humano, llamado desarrollo sustentable, por lo que es necesario la Reforma al artículo 27 Constitucional fracción XIX, para que por medio de los Tribunales Agrarios se brinde la posibilidad de crear medidas precautorias o suspensivas para su conservación, así como el ejercicio de acciones de carácter agroambiental. Por lo que en concreto se propone los siguiente:

I.- Creación de una unificación normativa, que contemple todos los aspectos que tengan que ver con los insumos, producción, industrialización, ambiente, la biogenética, la seguridad y la soberanía alimentaría.

II.- Los Tribunales Agrarios deberán conocer, las controversias agroambientales, sobre la protección del ambiente o los recursos naturales, y todo conflicto referido a las áreas de conservación, creadas para proteger o preservar a la Naturaleza.

Con lo anterior se daría un paso significativo, para la verdadera tutela por parte de los órganos jurisdiccionales agrarios a la vida humana y la naturaleza en su conjunto.

 

*MTRO. JOSE DE JESÚS BECERRA RAMÍREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO PUBLICO
Email: jbecerra@cuci.udg.mx
Profesor Investigador Asociado “B”

 


La Tutela Por Parte de la Jurisdicción Agraria al Desarrollo Sustentable en Mexico
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