LOS CONTRATOS AGROINDUSTRIALES: SU PERFIL JURÍDICO.
*Dra. Susana Formento y Dr. Héctor Hugo Pilatti

INTRODUCCIÓN
El sector agrario y la agroindustria en Argentina
Las posibilidades de Argentina para integrarse a la globalización económica están centralizadas en el sector que siempre se destacó por sus ventajas comparativas: la producción agropecuaria y la industrialización derivada.
Hay que tener presente que la Argentina no sólo figura entre los primeros productores mundiales de alimentos y se cuenta entre los principales exportadores sino que, además, proporcionalmente es el que tiene menos inversión por unidad de producción y el que utiliza el porcentaje más reducido de fertilizantes, lo que ratifica sus ventajas comparativas y su potencial de crecimiento. Es de esperar que el incentivo actualmente propiciado desde el Parlamento Nacional sea prontamente puesto en práctica y redunde en mayores rendimientos.
Según el criterio que guía el presente trabajo, una de las alternativas de más rápida implementación que podría eficientizar toda la operatoria del sistema agroindustrial, sería el perfeccionamiento “de los contratos agroindustriales o contratos producción“, como instrumento de la coordinación vertical entre los productores primarios y, las empresas agroindustriales y/o agrocomerciales. Así entendido, resulta obvio que el fundamento de dicho instrumento se encuentra en la organización jurídico-institucional que la promocione, tal como se lo práctica con éxito en Estados Unidos y en diversos países de la Unión Europea y de América Latina.

LA COORDINACIÓN CONTRACTUAL EN ARGENTINA
La realidad muestra que el productor agrario argentino no puede continuar con su forma tradicional de producción y de transacción, las nuevas formas de transacción presentan un desafío para su análisis. En este caso la cuestión básica económica está cambiando de un sistema descentralizado, en donde el precio de mercado es la señal válida para la toma de decisiones productivas, hacia formas contractuales, en donde dos partes con intereses conflictivos deberán encontrar un punto de equilibrio que permita la transacción. Esto implica riesgos diferentes, tanto para productores como para procesadores, formas de manejo, tipo de información, y hasta instituciones y regulaciones diferentes. Un mayor nivel de coordinación es también la respuesta al mayor riesgo. (Peirano, 1999)
Una de las características de estos contratos de transacción es el desequilibrio que puede producirse entre las empresas integradas (agrícolas o pecuarias) respecto de la integrante (industrial y/o comercial) debido al distinto peso económico de las partes, que suponen un "polo integrador" o "núcleo" capaz de condicionar el funcionamiento de las unidades integradas a sus necesidades de rentabilidad, es decir, qué, cómo y cuánto producir. (Giarracca, 1993)
En coincidencia con todos los estudios realizados sobre esta cuestión el Dr. Casella nos recuerda que en las diversas fases del aludido complejo agroindustrial o agroalimentario uno de los actores actúa con capacidad de imponer (hacia atrás o hacia delante) su lógica y condiciones. Este eslabón suele ser una gran empresa agroindustrial (casi siempre multinacional) o una organización comercial (super o hipermercados).
El profesor Casella agrega y coincidimos, que salvo los casos en que se ha logrado que el rol central lo ocupen empresas organizadas por los mismos productores (cooperativas, consorcios, etc.) puede juzgarse que la situación de la empresa agraria adolece de dependencia crítica si no se cuenta con una legislación, instrumentos jurídicos y organización sectorial adecuada.
Por otra parte, como derivación de la alta especificidad de los activos y la flexibilización de la cadena agroindustrial, últimamente puede observarse que los modelos de integración vertical antes adoptados por algunas empresas, se desplazan a formas de coordinación vertical mediante contratos.
Es que la mayor oferta de productos diferenciados y la aparición de nuevos nichos de comercialización, conlleva mayores requerimientos de calidad, que solo pueden satisfacerse contando con activos / insumos altamente específicos / especializados.
En la actualidad, la implementación de estos contratos se constata en diversos y crecientes rubros de producción. Es el caso de ciertas frutas y hortalizas tanto para consumo en fresco como para industria. Algunos ejemplos de ello son los que habitualmente se celebran entre empresas transformadoras para la industrialización del tomate; la vid para vinificar; oleaginosas para la obtención de aceites; el trigo candeal, la cebada cervecera para la elaboración de malta; y maní para confitería, cultivos para especies medicinales y en producción animal en los rubros avícola, ovinos, bovinos, y porcinos.
Varias de las grandes empresas agroalimentarias que actualmente operan en Argentina, respaldan su articulación con la producción primaria estableciendo vínculos estables con los productores a través de acuerdos de asistencia tecnológica, financieras y formas particulares de compraventa.
En la zona frutihortícola del Alto Valle (provincia de Río Negro), se realizan estos contratos con productores nucleados en cooperativas, contratos de colaboración empresaria (denominados genéricamente consorcios) y otras formas jurídicas societarias; más recientemente, en la actividad porcina y ganadera se registran experiencias de esta naturaleza. (Formento, 2002)

1.-Estipulaciones habituales de los contratos
Los términos específicos de cada contrato varían entre partes y según productos y zonas. No existen criterios fijos o rígidos, más bien una diversidad de formas, en lo que respecta a sus estipulaciones. No obstante, y como resultado del análisis de numerosos estudios de casos realizados en el marco de los proyectos de investigación, podemos concluir que básicamente los acuerdos reúnen los siguientes caracteres:

1. Estos contratos se celebran tanto en forma verbal como escrita obligando mutuamente a las partes; en los verbales, vale destacar, frente a un conflicto, se ha visto dificultada su prueba.
2. Los contratos se firman por cosecha anticipada o pretemporada y, por lo común, se renuevan anualmente, aunque pueden ser por dos o más ciclos productivos, circunstancia que favorece el mutuo conocimiento de las partes y la continuidad y, por consiguiente, brinda mayor seguridad para ambas partes.
3. El objeto del mismo hace referencia clara a la cantidad y la especie o variedad del producto.
4. En cuanto a las obligaciones específicas de las partes:
-está a cargo del productor la realización de la producción (-cultivo o cría- debe sembrar cierta superficie y entregar como mínimo un piso de producción establecido), de acuerdo a las especificaciones técnicas y/o tecnológicas pactadas, respetar el calendario de entrega, así como la forma y el lugar de recepción y pesaje, emplear los elementos que suministre el adquirente -semillas, agroquímicos, etc.- y permitir el control de la producción todas las veces que le sea requerido;
-de parte del empresario industrial son obligaciones fundamentales recibir la producción en las condiciones convenidas (debe adquirir al menos el piso convenido), proveer los insumos necesarios y el financiamiento acordado, establecer el modo de devolución, ocuparse del control de la producción, del asesoramiento técnico y abonar el precio pactado.
5. La estipulación del precio se hace por variadas fórmulas de cálculo y formas de pago.
Puede pactarse un precio fijo, pero cuando ese precio es bajo con relación al precio de mercado en el momento de la cosecha, es capaz de provocar incumplimientos del contrato por parte del productor; en caso contrario, es el comprador o industrial el que no cumple el contrato.
-Algunas veces, el precio fijo -calculado sobre la base del costo de producción y rendimientos promedios de la zona a los que se le calcula un margen de beneficio para el productor- no es negociable aunque las cotizaciones del mercado en fresco se encuentren muy por encima o por debajo de ellos.
-Una forma habitual de resolver el precio final del producto es optar por fórmulas que garantizan a las partes una determinada participación porcentual sobre el volumen físico de producción, previamente acordada, y usualmente resultante del aporte que cada una hace al costo total del cultivo (share cropping). Pueden presentarse situaciones en las que las habilidades específicas del productor para encarar una determinada actividad son recompensadas a través de bonificaciones adicionales. Nos hallamos frente a obligaciones de dar y de hacer.
-Otra modalidad consiste en pactar precios de mercado, sistema que fija algún mercado de referencia y que permite realizar las entregas del producto a los precios de ese mercado y que en general es el más utilizado, con algunas variantes para los productos perecederos. También, a veces, se fija un precio mínimo por campaña, incrementado en un porcentaje de la diferencia entre precio del mercado en el momento de la entrega y el precio mínimo.
6. Las formas de pago al productor son muy variadas y mayoritariamente dependen de la empresa agroindustrial y del tipo de producto: en general, al monto de la liquidación final del contrato se le descuentan los activos anticipados en efectivo y/o insumos y además se le suman o restan bonificaciones según la calidad preestablecida del producto.
7. Estos contratos estipulan sanciones para todo tipo de incumplimiento -sea por que exista mora, dolo, culpa o negligencia en lo que respecta a plazo de entrega, cantidad, calidad, forma y lugar de recepción, etcétera. Se establecen diferentes cuantías indemnizatorias y generalmente se establece el pacto comisorio expreso, que da lugar a la parte que ha cumplido rescindir el contrato y reclamar daños y perjuicios.
En los casos fortuitos o de fuerza mayor que justifiquen el incumplimiento total o parcial -como las contingencias meteorológicas- el compromiso se extiende al próximo ciclo productivo y en algunos casos se cancela.
-En cambio, si el cultivo se pierde por incumplimiento o negligencia del productor, la empresa agroindustrial puede exigir la devolución de los activos / insumos adelantado.
-La rescisión del contrato por incumplimiento de algunas de las partes dará lugar al reclamo de una indemnización por daños y perjuicios y, por lo general, motivará el pago de una multa..
8. También, se contemplan garantías mutuas y las vías para resolver cualquier diferencia (Formento , 2003).
9. Algunos casos acuerdan formas de seguro de cosecha.
10. Se utiliza también la obligación de parte del productor de realizar análisis de suelo al firmar y renovar contrato.
11. Suelen redactarse cláusulas referidas a los fletes y el almacenamiento (en general a cargo de la industria) y determinarse los porcentajes de descuentos o bonificaciones por calidad.
2.-Especificaciones técnicas
Estos contratos se caracterizan por los estrictos condicionamientos técnicos, acompañados de los respectivos seguimientos de profesionales del proceso productivo de parte del comprador.
Es usual equiparar a la fuerza mayor "vis maior”, como eximente del incumplimiento contractual, los casos de enfermedades por plagas no controlables (Botija Beltrán, 1988), o los desastres climáticos.
3.-Asunción de riesgo
En un contrato consensual y meramente obligacional, se precisa la entrega del “objeto” para la transmisión de la propiedad, la perfección del contrato sólo produce efectos obligatorios y no reales.
En caso de pérdida o deterioro de la cosa antes de la entrega, habrá que estar a lo estipulado por las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad. Esta síntesis del contenido de los acuerdos denota que su característica principal radica en la reciprocidad de obligaciones que asumen las partes involucradas, ya que a la obligación de transferir la propiedad de los frutos contra el pago del precio se suman, y a veces, se superponen otras.
En este sentido, hemos elaborado una clasificación de los contratos en función del uso y práctica en nuestro país, fundada en el menor o mayor grado de transferencia de responsabilidades de las partes:

1. Contratos agroindustriales de producción de primer grado: la empresa transformadora transfiere gran parte de las funciones de gestión empresarial y interviene activamente en el suministro de la casi totalidad de los medios de producción: insumos, servicio técnico y asesoramiento, control de los métodos de producción y asunción de los riesgos. Retiene la propiedad del bien producido durante todo sus etapas, pudiendo retirar éste en el momento que desee; el productor aporta el trabajo y las instalaciones, la forma de pago usual consiste en fijar un monto fijo en dinero a determinar por distintos criterios. Predomina casi por completo dentro del subsector avícola en la producción del pollo parrillero .

2. Contratos agroindustriales de producción de segundo grado: en éstos el productor conserva la propiedad del producto objeto del contrato hasta el momento de la entrega y aceptación. Las condiciones contractuales contenidas en las cláusulas, resultan los principales elementos para indicar y evaluar globalmente los niveles de coordinación de estos contratos. Se manifiestan en el suministro de insumos, la asistencia técnica, la financiación, los mecanismos de control, las fórmulas de precio, la cantidad, la calidad y la forma y ritmo de entrega.

4.-Ventajas y desventajas para las partes
¿Qué lleva al sector agroindustrial y/o agrocomercial y al productor a vincularse mediante estos nexos contractuales?. De antemano, resulta difícil hacer una evaluación exhaustiva del costo-beneficio de estas modalidades de articulación y pronosticar el impacto, particularmente para las PyMEs agrarias, sin sustentarse en el análisis de sus resultados a partir de evidencia empírica. No obstante, la difusión de la práctica de "producción y venta por contrato" parece seguir incrementándose.
Creció la agricultura de contrato y otras formas de articulación agroindustrial, adquiriendo mayor poder las grandes empresas extra-agrarias con relación a los medianos y pequeños productores agropecuarios que tendieron a perder significativamente su autonomía de decisión. (Teubal y Rodríguez, 2002)
Consideramos posible reseñar algunas de las ventajas / desventajas que tienen probabilidades de enfrentar las partes que se interrelacionen con estas modalidades contractuales.

-La ventaja significativa del productor coordinado por contrato es que cuenta, por un lado, con una demanda asegurada y, por otro, que conoce de antemano el precio al cual venderá su producción, lo que en conjunto le permite minimizar riesgos. Por otro lado, si en la inestabilidad de los mercados es uno de los factores que genera el rechazo a la introducción de innovaciones tecnológicas, el contrato agroindustrial sirve para compensar esa inestabilidad ya que, por su intermedio, se tiene acceso a la asistencia técnica. Por tal razón, el contrato agroindustrial se puede encuadrar dentro de un negocio relativamente seguro para que el productor realice una gestión eficiente de su empresa y aumente su competitividad.
-Con respecto a la agroindustria, por medio de esa relación contractual se asegura una oferta constante del producto y de la calidad buscada y ajustada a sus propios ritmos, ayudándole a enfrentar mercados más dinámicos -tanto internos como externos y en donde la competitividad pasa a ser una cuestión esencial- de una forma más ventajosa, ya que la productividad y calidad de los cultivos influye directamente en sus márgenes de utilidad (Formento, 2003).
-Con relación al consumidor final, el beneficio en estos esquemas contractuales radicaría en que las interrelaciones empresariales al permitir que la materia prima llegue desde el área productiva hasta ese nivel, basándose en ocasiones en organizaciones empresariales que cubren total o parcialmente la producción, transformación, distribución y venta, reduce costos, elimina intermediarios, y de este modo contribuye a hacer más eficientes las etapas de la cadena agroalimentaria (Zylbersztajn, 2002).
-El aumento en la concentración del capital en cada complejo, junto con la eliminación de toda reglamentación que establezca un precio mínimo o sostén, permitió al polo integrador de cada complejo agroindustrial incrementar su rentabilidad logrando reducir los precios agropecuarios, imponer condiciones de calidad, presentación, y de traslado del producto e incluso imponer la variedad del cultivo que usa el productor, los insumos, etc. (Teubal y Rodríguez, 2002).

LA COORDINACIÓN VERTICAL COMO HERRAMIENTA PARA DISMINUIR COSTOS DE TRANSACCIÓN

Es oportuno tener presente que el tema de los costos de transacción centró la atención de Coase en 1937, al considerar que en la teoría de la organización económica, la transacción (transferencia de bienes y servicios de un individuo a otro), es la unidad de análisis fundamental, y la manera en que se organiza depende de ciertas características, si transcurre rutinariamente, no se plantean problemas, sin embargo ocurre lo contrario si se presenta inusual o impredecible, las partes necesitan negociar los términos de la misma, elevándose los costos para llevar adelante la transacción.
Según Williamson, Coase “planteaba expresamente la cuestión de la organización económica en términos institucionales comparados”, sosteniendo que la economía del costo de transacción “es, por concepción, una empresa interdisciplinaria”, en abierta referencia a que el estudio de los mismos utilizan la convergencia del derecho, la economía y la organización.
Los aportes centrados en el concepto de los costos de transacción con relación a la pregunta ¿a una empresa le conviene integrar la producción de un bien y/o servicio al interior de la misma, es decir, hacerlo / fabricarlo, o en su defecto adquirirlo en el mercado?, se desarrollan sobre todo desde fines la década del 70.
El concepto de competitividad más antiguo, está centrado sobre “la óptica de los costos”, hoy, obviamente se consideran los costos, pero también la capacidad de adaptación, de rediseñar contratos que forman parte del sistema en cuestión. Para la no adaptación también hay un costo y puede ser la pérdida del cliente “consumidor final”, que es quién paga y mantiene todo el circuito. (Zylbersztajn, 2002).
Sin embargo, Coase destaca que las empresas con frecuencia sustituyen los mercados en el desempeñó de esas funciones específicas. En su línea argumental, las unidades productivas o empresas y los mercados son formas alternativas de la organización empresarial. “... el hecho de que las transacciones se organizaran dentro de una empresa o entre empresas autónomas será una variable de decisión. La modalidad finalmente que se adopte va a depender de los costos de transacción de cada uno.
En estudios más recientes se considera que, además de los costos de transacción las dimensiones de análisis para abordar la cuestión relativa a la coordinación vertical incluyen, entre los más significativos la especificidad de los bienes involucrados en las transacciones; la conducta oportunista del integrante sobre el integrado; los contratos finalizados por incumplimiento.
Así, desde la visión de los costos de transacción las cuestiones relativas a la coordinación vertical se centran básicamente en decidir si la empresa internaliza la propiedad / control de las sucesivas etapas del proceso de producción / circulación de los bienes a través de la integración vertical. O, por el contrario, se resuelven acudiendo a contratos de mediano y/o largo plazo para reducir los mencionados costos de transacción.

LA CADENA EDUCATIVA COMO HERRAMIENTA PARA LA INOCUIDAD / CALIDAD DE LOS ALIMENTOS PRODUCIDOS MEDIANTE CONTRATOS

Sabido es que casi el cien por ciento de los alimentos que consume el hombre, son de origen agropecuario. Actualmente desde los Organismos Oficiales (la ANMAT e INAL en lo relativo a inocuidad y la SAGPyA en cuanto a la calidad de los alimentos), se observa un trabajo de sensibilización en estas dos cuestiones consideradas esenciales a la hora de la competir en los distintos mercados. El sector productivo primario y el industrial afianzan alianzas estratégicas a fin de optimizar sus resultados, la maximización de esos resultados depende de la seguridad que los productos ofrecidos brinden a los consumidores, sin duda cada día más exigentes en cuanto a inocuidad, calidad e información.
En tal sentido se habla de cadena educativa agroalimentaria, en un paralelismo con la cadena productiva agroalimentaria y la propuesta es capacitar a cada uno de los eslabones de esta cadena en los aspectos de inocuidad y calidad .
Podrían pactarse cláusulas tendientes a reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs.), en forma eficaz mediante la aplicación del principio de prevención a lo largo de todo el proceso de producción, elaboración, y comercialización. Para conseguir la máxima protección de los consumidores es fundamental que los conceptos de inocuidad y calidad se introduzcan en toda la cadena que va desde la producción hasta el consumo. Ello requiere un planteamiento integrado y sistemático de: “del campo al plato” en que el productor, elaborador, transportista, vendedor y consumidor desempeñan un papel fundamental para asegurar la inocuidad y calidad de los productos.
Entre las herramientas se enfatiza en la importancia de las Buenas Prácticas Agrícolas, entre las que se cuenta: a) evitar el uso de áreas donde el medio ambiente represente una amenaza para la inocuidad de los alimentos; b) controlar los contaminantes, las plagas y enfermedades de animales y plantas y, c) adoptar prácticas y medidas que aseguren que el alimento se produzca bajo condiciones higiénicas apropiadas. A ello se agregan las reglas del bienestar animal, (Senasa, Resolución 253/02), las Buenas Prácticas de Manufactura (Resolución 80/96. Mercosur) obligatorias para todos los establecimientos elaboradores de alimentos, y las Buenas Prácticas de Transporte y Distribución.
Las mencionadas herramientas deberán ser complementadas con los procesos de HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos), obligatorios para la industria de los productos que tengan por destino la Unión Europea, en tanto optativo para nuestro mercado y otros de exportación.

LA NORMATIVA EN ARGENTINA

El Código Civil (C. C.), en su artículo 1137, define al contrato diciendo “... hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos”. De esta definición se desprende que con el acuerdo de voluntades de las partes se concreta un acto jurídico, con conciencia de los contratantes y absoluta libertad; las partes pueden tener, tanto intereses o fines concurrentes o bien, intereses opuestos, es decir, el contrato aparece como generador o fuente de derechos y obligaciones por excelencia (Borda, 1969) . El contrato es ley entre partes.
El art. 953 del C. C. se refiere al objeto de los actos jurídicos respecto del cual rige el principio de la autonomía de la voluntad, en tanto las partes pueden crear la entidad material o inmaterial sobre la que recae el negocio que queda así, jurídicamente tutelado.
El principio de "pacta sunt servanda" explicitado en el art. 1197 de C. C., conjuntamente con el reconocimiento de la autonomía de la voluntad conforma la base de todo nuestro derecho contractual, o sea, la autonomía de la conciencia y la voluntad personal (Ghersi, 1994).
Toda materia sujeta a controversia pertenece al sector del derecho regido por el principio de la autonomía de la voluntad –art. 1197 C. C.-, donde reina soberano el designio de los particulares con la sola limitación de que no se afecte el orden público, la moral o las buenas costumbres –C. C. 21, 953 y concordantes-. Principio que se ve prolongado en el proceso civil donde, con las mismas limitaciones, reposa en las partes no sólo la iniciativa y el impulso procesales, sino también la delimitación del "thema decidendum", la aportación de los hechos y de la prueba y la disponibilidad del derecho material (Ghersi, 1994).
La referencia al principio de la autonomía de la voluntad que impera en el Derecho Positivo argentino, es de fundamental importancia para el tipo de relación contractual que nos ocupa en este trabajo, fundado en la falta de normativa que encause el accionar de las partes.

CARACTERIZACIÓN JURÍDICA
Se trata de un acuerdo bilateral de voluntades que tiene por objeto regular la relación jurídica entre dos partes –empresa agroindustrial y productor agrícola- y en virtud del cual este último se constituye en proveedor de una determinada materia prima con características cualitativas determinadas todo ello, como resultado de múltiples obligaciones.
Estos contratos generan o dan nacimiento a una forma de coordinación vertical contractual o integración externa y parcial -no se crea o fusionan dos empresas, en una nueva empresa de gestión unitaria-, mediante la cual nacen vínculos externos que no eliminan la individualidad ni la autonomía de las empresas o partes intervinientes o participantes del negocio jurídico.
En realidad, y como punto de partida, no es fácil encontrar muchas definiciones teóricas de este tipo de contratos, pero hemos elegido la definición dada por Carrozza y Zeledón Zeledón (1990) por ser la más completa y donde se los define como todos aquellos acuerdos entre empresarios agrícolas -zootécnicos o fitotécnicos- y empresarios comerciales -industriales o comercializadores- establecidos a través de una integración de la actividad agrícola y comercial, de la cual nacen obligaciones recíprocas de diversa índole, tendientes a producir en forma "asociada" un determinado producto con características predeterminadas, bajo la gestión del empresario agrario en la producción, y que recibe en contraprestación servicios y asistencia técnica de empresarios industriales y/o comerciales, además del pago correspondiente.
El contrato agroindustrial es un tipo contractual mixto -sui generis- con gran multiplicidad de causas, razón por la cual en países como España, Italia y Francia comenzaron a ser tipificados social y jurídicamente (Brebbia, 1992).
Como síntesis, en la locación de obra o servicio el riesgo y conducción técnica corre por cuenta exclusiva de la parte encargada de la ejecución, y como afirmáramos, en los contratos agroindustriales -tal como se perfeccionan actualmente- la obligación de hacer se desarrolla bajo la supervisión o asistencia de los técnicos o expertos del sector industrial .
De las figuras jurídicas tradicionales como las mencionadas, surge la ineptitud para dar una respuesta satisfactoria tanto a productores como a empresarios industriales que hayan decidido coordinarse verticalmente por contrato, tal como ya lo ha establecido nuestra jurisprudencia.
En función de los conceptos desarrollados sostenemos, que “el contrato agroindustrial”, en nuestra realidad jurídico institucional argentina, presenta caracteres de los contratos de cambio, a la vez que asume algunas connotaciones asociativas -en el sentido de implicar convergencia de intereses en el productor final. “... Dichas connotaciones no implican pérdida de la autonomía empresarial de ninguna de las dos partes contratantes, ya que no se extienden a la injerencia organizativa de las empresas, sino que, esa naturaleza asociativa del vínculo implica coordinación y colaboración de actividades entre sectores que ejercitan distinta actividad económica” (Zeledón Zeledón, 1994).
-La primera característica que nos permite identificar los contratos agroindustriales es el dinamismo -se desprenden muchas relaciones diferentes, todas orientadas a permitir la producción, industrialización y comercialización de los productos agropecuarios.
-Otra característica es poseer una función instrumental -sirva para organizar la puesta en el mercado del producto final y para regular dicha actividad desde que se inicia la producción.
-Finalmente, una tercera, en aquellos los países como el nuestro, carentes de la legislación respectiva, es la libertad y autonomía de la voluntad del integrador hacia el integrado para negociar este tipo de vínculo jurídico.

La variable por excelencia que caracterizará a los nuevos contratos estará dada -como los define jurídicamente la ley francesa del 8 de Julio de 1964 sobre economía contractual-, por relaciones complejas que generan obligaciones mutuas de distinta índole y que no se reducen solamente al intercambio de productos por dinero (Código Rural Francés, 1993).
Si bien el objeto de estos acuerdos incide en la producción, esencialmente hacen referencia a la organización de las relaciones que se generan entre el productor y el industrializador en torno a productos, cuyo carácter biológico le da al contrato, un alto grado de complejidad en la coordinación vertical debido a lo cíclico, incierto y riesgoso de la producción implicada.
Podríamos concluir que “el objeto” del contrato agroindustrial es la puesta del producto final en el mercado, regulando toda la esta actividad desde el inicio del bien agrícola hasta el momento de su enajenación, siendo lo más importante “... la consolidación que se debe dar entre la producción agrícola y la industrialización“ (Orduña Moreno, 1999).
Ballarín Marcial (1990) destaca que este tipo de contrato, sí bien es un instrumento con potencialidad para que converjan las necesidades e intereses de ambas partes contratantes, no siempre resulta fácil de pautar en sus cláusulas. Así, desde una perspectiva socio-jurídica, el aspecto productivo es más su finalidad que su característica. Se advierte la importancia de legislar al respecto, a fin de morigerar la asimetría, dado la dispar capacidad de negociación que suele existir entre los actores de la producción primaria, frente a los otros actores de la cadena (Brebbia, 1992).
Los acuerdos de uso habitual en nuestro medio responden a contratos tipos o esquemas rígidos que los reducen a contratos de cuasi adhesión -donde prácticamente no se discuten las cláusulas salvo en lo referente al precio- en parte incompatible con una coherente coordinación. Además, en general no se toman en cuenta otras posibles variables y limitantes que en afectan a la parte más débil del contrato -el productor- tales como podrían ser entre otras, el mal asesoramiento, o la excesiva acidez del suelo. El productor no debe convertirse en un mero empleado sometido a las directrices del industrial, y sin potestad para decidir en la toma de decisiones de su empresa.
Se hace necesario que el contenido de estos contratos no sea meramente un nuevo modo o forma de contratación, sino que deben dar nacimiento a un ordenamiento jurídico y social que permita el desenvolvimiento y desarrollo armónico de la agricultura por contrato (Sanz Jarque, 1992).


EL CONTRATO DE MAQUILA COMO CONTRATO AGROINDUSTRIAL

En tanto figura jurídica, este contrato fue tipificado y regulado en nuestra normativa por la Ley 25.113/99, receptando por primera vez al menos uno de los tipos de contratos agroindustriales, dentro de una categoría más amplia.
La doctrina diferencia la maquila de la aparcería, fundamentalmente por que no reviste el carácter de relación asociativa propio de esta figura; la maquila es un contrato de tipo integrativo, no asociativo. En la asociación, los intereses y esfuerzos son al mismo tiempo y concurrentes, en la integración suponen una cadena de operaciones y esfuerzos diferenciados que, si bien tienden a un mismo fin, son en tiempos distintos y con intereses compatibles, pero no comunes. También se diferencia de la locación de obra por no existir un precio determinado o determinable como contraprestación, sino un porcentaje del productos ya elaborado (Brebia, 2000).
El artículo primero de la Ley 25.113 define al contrato de maquila, dice que “...habrá contrato de maquila o depósito de maquila cuando el productor agropecuario se obligue a suministrar al procesador o industrial materia prima con el derecho de participar, en las proporciones que convengan, sobre el o los productos finales resultantes, los que deberán ser idénticas calidades a los que el industrial o el procesador retengan para si...”.
Se deja expresamente sentado que el productor mantiene en todo el proceso de transformación la propiedad sobre la materia prima y luego sobre la porción del producto final que le corresponde, pro su parte, el procesador o industrial asume la condición de depositario de los productos finales de propiedad del productor, debiéndolos identificar adecuadamente y poner a plena disposición de sus titulares.
El artículo sexto completa al primero afirmando que “las disposiciones de la presente ley serán de aplicación también a todos los contratos que tengan por objeto la provisión de materia prima de naturaleza agropecuaria para su procesamiento, industrialización y/o transformación”. Con esto, a cualquier contrato celebrado entre un productor agropecuario y un industrial, le serían aplicables las mandas de la ley 25.113. Además de la bilateralidad que lo caracteriza, según venimos desarrollando, el contrato que tratamos es formal, así lo determina el artículo dos, que determina todos los datos que se deben volcar en el acuerdo. (Formento, Pilatti, 2004).

CONTRATOS AGROINDUSTRIALES COMO PARTE DEL DERECHO AGRARIO ARGENTINO

En la actualidad, Argentina está pasando por un proceso económico que, por fuerza, debería integrarse con un proceso jurídico e institucional, para constituir un sistema de funcionamiento coherente y competitivo. La institucionalización de los contratos constituye un satisfactorio recurso destinado a proteger a los actores con menor influencia dentro de la cadena agroalimentaria. Asimismo, desde el aparato del Estado representa un instrumento para contener la indefensión provocada por las desigualdades del poder económico existente.
En muchos países, la principal dificultad que supuso la puesta en práctica de la agricultura contractual moderna, es la alta proporción de incumplimientos, de una y otra parte, y la reducida capacidad negociadora de los productores, fundamentalmente en aquellos países donde el movimiento asociativo es más débil. . La instauración de una adecuada economía contractual presupone la exigencia de una eficiente organización empresaria (Carrozza y Zeledón Zeledón, 1990).
Los procesos de integración económica se complementan mediante el desarrollo de una serie de etapas, en general complejas, a través de las cuales se van perfilando las condiciones necesarias para el logro de la unificación de las normas jurídicas que deben dar seguridad a dichos procesos. Los umbrales del siglo XXI nos sorprende con acontecimientos, cuyos antecedentes se encuentran en factores socioeconómicos, políticos y culturales, el dato económico es el que ocupa el lugar de preeminencia.
Los sistemas de coordinación responden a un esfuerzo en el ámbito de la cooperación y resultan de naturaleza dinámica, a la vez de configurar un desafío que requiere de un contexto jurídico para su eficaz desarrollo. Eliminar o atemperar las diferencias entre partes, en aras de la integración, es un tema de contornos difíciles. Debe encontrarse una técnica de armonización de intereses que permita resolver y equilibrar los intereses contrapuestos de las partes apoyada en una interpretación integradora. En este objeto de estudio es necesario articular principios generales de la normativa básica referente a la agricultura y ganadería, con la ordenación general de la economía.
Todo proceso de coordinación en que se inspire, por ejemplo, en la imitación del modelo de la U. E. requiere de una cierta coherencia jurídica, de ahí la necesidad de una sistematización actualizada de la materia agraria.
El tratamiento de los elementos estructurales: sujeto, objeto y contenido del Derecho Agrario se está llevando a cabo desde un plano activo del sector, centrado en los aspectos de titularidad y gestión en torno al concepto nuclear de empresa agraria. Por su parte el marco económico ha puesto de relieve los presupuestos y circunstancias de la actividad agraria, así como la innegable trascendencia de las mediadas tributarias y fiscales.
Diferentes autores de los que han hecho teoría agraria han tratado de dar una definición de Contrato Agrario, esforzándose siempre por destacar los elementos que ellos juzgan más importantes, o impregnando sus definiciones con las corrientes teóricas más representativas. En este sentido A. Vivanco (1968), define genéricamente a los contratos agrarios como la “... relación jurídico convencional que consiste en el acuerdo de voluntad común, destinado a regir los derechos y obligaciones de sujetos intervinientes en la actividad agraria, con relación a cosas o servicios agrarios, estimamos que estos contratos deben estar contemplados en el mismo, ya que tienden a la producción de bienes agropecuarios, y hacia el mejoramiento de la productividad y calidad”.
Los contratos agrarios fueron el núcleo alrededor del cual nació y se desarrollo el Derecho Agrario; la figura de la locación fue el eje a partir del cual se van a desarrollar los restantes tipos contractuales. Las vinculaciones contractuales agrarias se fundamentan en las especiales características de la actividad agropecuaria, de la cual surgen las relaciones jurídicas de la empresa agraria que necesita del factor tierra, sea ésta en propiedad o de terceros.
El contrato agroindustrial o contrato de producción y venta es un contrato agrario, dado que la venta sería una actividad conexa o por relación, consistente en la enajenación del producto obtenido en la explotación. La venta es de cosa futura, pues el productor se ha obligado a entregar frutos que no sólo no ha separado, sino que aún no ha sembrado, es decir no separados del suelo; sin embargo tal como afirma Carroza (1984), “... el productor se ha obligado a algo más que ha realizar un contrato de cambio- producto por dinero- a dicha obligación de transferir la propiedad o entregar la cosa objeto del contrato, se suman o yuxtaponen otras y complejas obligaciones de hacer, como ser la colaboración técnica y de control sobre la actividad del “productor”, actividades que deben tener relevancia, en cuanto a la asunción de riesgos inherentes a los resultados” .
Siendo el Derecho Agrario una modalidad del Derecho en general, cuyo objetivo esencial es la regulación jurídica de la producción y todo lo que ella implica y presupone para realizarse, aprovecharse y mantenerse (Vivanco, 1967), estimamos que estos contratos deben estar contemplados en el Derecho Agrario, ya que son un instrumento al servicio de la transformación y una adecuada puesta a disposición de las producciones agrarias en el mercado.
Por otra parte, el tratamiento legislativo debe ser flexible para estar acorde a las cambiantes necesidades de la economía moderna, y para así lograr que las nuevas formas de relación contractual en el agro, encuentren respuesta y apoyo en los textos legislativos. Las distintas valoraciones y asimetrías de las partes, sobre todo cuando se contraponen al dinamismo de la actividad agraria, hace que se produzca la necesidad de contar con normas específicas, en las que se estaría tutelando un interés general que involucra por sobre todo al productor-trabajador.
El contexto en que nació el Derecho Agrario se ha modificado y esta ajustándose a la nueva realidad, y tal como expresa el IICA, factores económicos y sociales llevan a extender hoy la visión ampliada de la agricultura, que permite interpretar las dinámicas creadas en todo su entorno, es decir comprender los encadenamientos hacia atrás y adelante, hasta llegar al consumo e insertar en ese proceso el desarrollo sostenible, basado en la combinación de tres ejes interrelacionados: competitividad, equidad y sostenibilidad (Boucher, 1998). En esta visión la competitividad se considera como la llave de entrada a los mercados internacionales, la equidad permite la inclusión de los pequeños productores al proceso productivo y la sostenibilidad es vista como el compromiso con las generaciones futuras (Otero y Larios, 1997).
Hoy el Derecho Agrario ha dejado de ser estático. En un principio el núcleo esencial de la disciplina lo constituía la explotación, después fue lo que se denominó, en terminología de Carrozza (1984), “Agrarietá”, es decir la actividad agraria; más tarde, la empresa agraria, y posteriormente, el criterio agrobiológico o el agroalimentario, según las diferentes escuelas.
En las últimas décadas, los nuevos intereses económicos y sociales reclaman también una nueva normativa que sepa fijar limites, orientar relaciones jurídicas o prefigurarlas, sancionar determinados actos, o dar eficacia a otros, satisfaciendo las nuevas demandas de la sociedad a quién, en último término, sirve el derecho.
A Ballarín Marcial (1985) se le debe el aporte a la dogmática actual del Derecho Agrario del criterio agroalimentario, no sólo del fenómeno productivo en el que se encuadrarán todos los productos obtenidos a través de procesos biológicos controlados por el hombre, ya sea madera, productos energéticos, alimentos, fibra, avicultura, sino también de la distribución y consumo. Este fenómeno sirve de punto de conexión a las dos grandes aportaciones del mundo del Derecho en los últimos veinticinco años: el Derecho Ambiental y el Derecho del Consumo.
La consecuencia directa de esas nuevas interrelaciones es que las agroindustrias se han transformado en los vehículos fundamentales para la difusión e inducción del cambio tecnológico en la producción primaria y la generación de empleo por un lado, los mayores requerimientos productivos obligan a los productores primarios, especialmente a los medianos y grandes, a tomar más trabajadores de los que pueden ser abastecidos por sus propias familias; por otro, las empresas agroindustriales deben cubrir los nuevos servicio con nuevos trabajadores, fenómeno logrado a través de variadas operatorias contractuales y que mucho ayuda a definir un tipo característico de coordinación vertical que, en última instancia, tiende a recrear un mercado muy diferente al tradicional y que podríamos denominar "mercado inteligente".

CONCLUSIONES
Existe coordinación contractual o cuasi-integración en los contratos en que “... las obligaciones no son sólo dinero contra mercaderías, sino que hay reciprocidad de obligaciones en la generación del producto”, producto que será finalmente alimento para la humanidad, y por tanto inocuo y de calidad adecuada. No se trata de asumir compromisos en contratos de cambio, cuya única preocupación sería la búsqueda de una justa contraprestación sino que implica una comunidad de intereses, de ahí la necesidad de cobertura jurídica que prevea los riesgos y la continuidad de estos emprendimientos (Brebbia, 1995).
Para tal fin, los contratos agroindustriales deben contemplar un complejo de relaciones jurídicas de diversa naturaleza, donde se relacionan agentes económicos distintos y producciones agropecuarias específicamente diversas que, ante la necesidad de garantizar el equilibrio económico-social resultante de ese acuerdo de voluntades, se hace necesario que el contenido de estos contratos no sea simplemente un nuevo modo o forma de contratación, sino que deben dar nacimiento a un ordenamiento jurídico y social que permita el desenvolvimiento y desarrollo armónico de la agricultura por contrato (Sanz Jarque, 1983).
Por todo lo que hemos analizado precedentemente y, a los efectos de que los productores agrarios argentinos no se conviertan en meros proveedores de materia prima, es necesario contar con un marco jurídico e institucional-país, para lograr una coordinación vertical contractual eficiente y competitiva.
En ningún momento debemos dejar de tener presente que el Derecho es una manifestación de la vida social ya que regula conductas humanas. No será suficiente contar con una normativa adecuada que dote a este tipo de contratos de una mayor seguridad jurídica, si no esta acompañada por una Política Agraria que haga prosperar ese ordenamiento jurídico.
La Política responde a fines y el Derecho selecciona los medios e instrumentos adecuados para que aquellos se cumplan. El Derecho sin la política es norma coactiva y la Política sin Derecho es discurso (en sentido estricto).

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*AUTORES :
Dra. SUSANA FORMENTO
Abogada. MSC en Ciencias Sociales, FLACSO. Profesora del Departamento de Economía-Área Legislación Agraria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. .- formento@agro.uba.ar
Dr. HÉCTOR HUGO PILATTI
Abogado. Maestría en Agronegocios. Departamento de Economía-Área Legislación Agraria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Asesor INAL

 


Los Contratos Agroindustriales: su Perfil Jurídico
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